Se cumplen cuatro años de la resolución de Banco Popular con Ángel Ron al borde del banquillo

El 7 de junio de 2017 de madrugada, la JUR (Junta Única de Resolución) decretó la resolución de Banco Popular, en la que perdieron su dinero 300.000 accionistas y bonistas. Cuatro años después, el juez José Luis Calama está cerca de cerrar la instrucción del caso en la Audiencia Nacional y todo apunta a que el expresidente de la entidad, Ángel Ron, se sentará en el banquillo por el falseamiento de las cuentas del banco en la ampliación de capital de 2016.

En aquella fatídica noche, la JUR determinó que Popular era inviable o con probabilidad de serlo (failing or likely to fail) debido a la fuga de depósitos que sufría, en especial de instituciones públicas, y a la negativa del Banco de España a concederle liquidez de emergencia (lo que se denomina ELA) por no contar con las garantías adecuadas para solicitarla, según el propio supervisor.

A esta situación límite se llegó tras una sucesión de acontecimientos negativos: unas pérdidas mucho mayores de las esperadas en 2016, un golpe de Estado instigado por Antonio del Valle que forzó la sustitución de Ron por Emilio Saracho, una reexpresión de las cuentas con la detección de irregularidades en la citada ampliación, el anuncio de Saracho de que el banco no podía seguir en solitario -«ampliación o venta», dijo públicamente-, la revelación del inicio de la subasta, bajadas de rating, hundimiento de la cotización con fuertes posiciones bajistas, unas declaraciones de la presidenta de la JUR en las que aseguraba que Popular estaba bajo vigilancia, la fuga de depósitos y, finalmente, la resolución con absorción de pérdidas para las acciones y deuda subordinada, y venta a Santander por un euro (aunque tuvo que ampliar capital en 7.000 millones).

Tras perder todo su dinero, los afectados han acudido a los tribunales por una triple vía. Por un lado, la administrativa, con distintas reclamaciones al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por la legalidad de la decisión, que no han tenido éxito hasta el momento y que no tienen pinta de prosperar. En segundo lugar, la vía civil, con miles de demandas con sentencias dispares en primera instancia, si bien la mayoría son favorables a los afectados. No obstante, tendrán que llegar al Supremo para saber si obliga a Santander a devolver el dinero a los minoristas, como en el caso Bankia (o incluso a todo el mundo, según la doctrina que ha sentado el TJUE en ese caso).

La instrucción en la Audiencia, en la recta final

En tercer lugar, la vía más avanzada es la penal, con una instrucción en la Audiencia Nacional de dos piezas: una sobre la ampliación de capital de 2016 y otra sobre la supuesta divulgación de noticias falsas por parte de Saracho para hundir la cotización. La situación de Ron es la más desesperada, puesto que las declaraciones de numerosos directivos citados por el juez Calama han confirmado numerosas prácticas irregulares.

Así, han confirmado que Ron concedió financiación a numerosos clientes para que compraran acciones en la ampliación (eso es legal) pero luego no restó esas acciones del capital del banco (y eso sí es ilegal porque da una falsa impresión de solvencia mucho mayor de la real). Es más, en muchos casos se exigió a empresas clientes del banco acudir a la ampliación para mantenerles el crédito.

O que había déficit de provisiones para muchos créditos donde no se reconocía la pérdida real. O que las cuentas a las que accedieron los interesados en la subasta no coincidían con las oficiales. O el feo asunto de Thesan, unas sociedades luxemburguesas donde se traspasaban créditos morosos para que no aparecieran en las cuentas. Y Calama aún no ha descubierto otra curiosa práctica de Popular, las «resucitaciones». O la posibilidad de haber vendido el banco a Santander por 7.000 millones en 2016.

Todo esto hace muy probable que Calama abra juicio oral contra Ron y parte de su cúpula, según fuentes jurídicas. Y en breve; el juez quiere cerrar la instrucción antes de que acabe el año. Menos probable es que Saracho acabe en el banquillo, aunque Calama se ha negado a cerrar su pieza, de momento.

En la instrucción también han salido a la luz prácticas cuestionables por parte de Deloitte (que hizo el informe que justificó la resolución a posteriori), aunque de momento el juez no ha ido más allá. Ni tampoco ha indagado en la actuación del Banco de España, ni en la falta de liquidez final, ni -sobre todo- en la permisividad para que Popular fuera dando patadas adelante desde el estallido de la burbuja inmobiliaria sin reconocer su situación hasta que fue insostenible.